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Y es que la Concejalía de Urbanismo es
realmente la niña bonita de los
Ayuntamientos; la perla a la que la
democracia local debe agradecer sus grandes
dotes de persuasión. Persuasión, sí, porque
esta venerable Concejalía hace que los
partidos políticos dialoguen entre ellos,
dejen sus banderías políticas para otros
menesteres y se vuelquen por completo al
servicio del bien común… Bendito tesoro que
logra que la ideologización de la cosa
pública no alcance a esta Concejalía,
preservada siempre de la ya tan crispada
vida política. Fíjense ustedes en las
tamañas virtudes de la misma, que ha
conseguido hasta ahora asombrosas
reconciliaciones entre partidos políticos
radicalmente opuestos. En el reino de
Valencia podemos ver a la Derecha estatal
pactando con los nacionalistas de izquierda
y a la Izquierda estatal con los
correspondientes de derecha, e incluso de
vez en cuando podemos contemplar
maravillados como milagros laicos unen a
Izquierda y Derecha ¿asombroso, verdad?
Pero ya sabemos que los encantos de
cualquier tesoro pueden mermar las virtudes
altruistas de nuestros políticos locales. La
generosidad con la que ellos acceden a
cargos públicos puede verse alcanzada por un
pecado capital, la avaricia, que deja una
aparatosa mella no solo en ellos, sufridos
pecadores como todos nosotros, sino también
en el patrimonio público, donde sí somos
nosotros, sufridos contribuyentes, los
únicos afectados.
Quizás sea la ingenuidad de nuestros
regidores respecto a los temibles encantos
de la Concejalía de la que hablamos, pero
después de tantos años padeciendo multitud
de casos de corrupción urbanística, no me
explico por qué razón no se han emprendido
medidas serias frente a las recalificaciones
de terrenos extra legem y frente los
delitos contra el patrimonio y el medio
ambiente.
A consecuencia de la preocupante corrupción
urbanística, los partidos políticos han
decidido poner coto a tanta corruptela, como
si con ellos no fuera la cosa, y el Congreso
de los Diputados ha aprobado una moción de
IU-IC, pactada con el PSOE, en la que se
insta al Gobierno a estudiar reformas
legales para regular las incompatibilidades
entre los altos cargos de gobiernos
municipales vinculados con la construcción y
urbanismo. En esta iniciativa se solicita un
proyecto de ley del suelo que garantice los
derechos de los ciudadanos frente a la
especulación urbanística y un incremento de
los medios judiciales y policiales para
combatir los delitos de la ordenación del
territorio. Asimismo, el próximo mes de
junio comenzarán a ser operativas las nuevas
25 plazas de fiscal que el Gobierno ha
decidido crear para evitar la existencia de
nuevas tramas de corrupción en el seno de la
Administración Local. ¿Servirán para algo
estas medidas? Les anticipo ya que no van a
solucionar un ápice la corrupción
urbanística existente. La Organización No
Gubernamental “Transparencia Internacional”
ha publicado recientemente un informe en el
que afirma que “el problema de fondo no
está en las actuaciones corruptas de actores
individuales, sino en la corrupción
institucionalizada vinculada a la obtención
ilícita de fondos para los partidos. Éste es
el principal cáncer y en el que el nuevo
Gobierno deberá demostrar voluntad
moralizadora”. Quizás deban plantearse
–y permítanme que me ponga a hablar en
carlista- que la solución a tanta
“corruptela” pasa por devolver a los
municipios su forma de representación
tradicional: la representación orgánica.
Como dice esta ONG, la financiación de los
partidos políticos es una de las primeras
causas de la especulación urbanística de
este país, pero la partitocracia local
¿realmente nos interesa? El actual sistema
de representación solo nos permite que
votemos a una lista cerrada cuyos candidatos
son elegidos no ya por las bases de los
partidos, sino por los grupos de interés
existentes en los mismos. Lermistas;
ciscaristas; zaplanistas; campsistas por no
hablar de las diversas facciones de nuestros
comunistas o nacionalistas locales. Estos
grupos de poder son la mano que mece la cuna
en lo que a representación local y regional
se refiere. Salvo la papeleta que se
deposita en la urna cada cuatro años, la
sociedad no tiene nada que decir en lo que
atañe a la gestión de los intereses comunes.
Son estos grupos de poder quienes deciden al
fin y al cabo quien va a ser el alcalde y
quien el concejal de urbanismo en tal o cual
Ayuntamiento. Nuestra papeleta es la excusa
–ellos hablan de legitimidad democrática-
para que en el reparto del pastel el pedazo
que corresponda al partido sea más o menos
grande.
Una representación orgánica, en la que la
sociedad elija a sus representantes de
acuerdo con su profesión, oficio o situación
es la garantía de una mayor participación de
la sociedad en la gestión de los intereses
públicos y la mejor manera de dotar de
transparencia a la gestión de los mismos. Si
barrios y pedanías, colegios e institutos,
sindicatos, gremios y colegios
profesionales, familias y asociaciones
tienen sus propios representantes en las
corporaciones locales, los consistorios
serían una auténtica fotocopia –aunque
reducida, pero fotocopia al fin y al cabo-
de las inquietudes y necesidades de los
vecinos del municipio. Si estos
representantes orgánicos eligen a su vez al
equipo de gobierno que va a ejecutar las
decisiones que se acuerden en los
plenos, conseguimos que los
ayuntamientos,
además de tener una representación real de
sus vecinos, tengan que velar por los
intereses de los mismos y que cuidar de que
ningún espabilado intente medrar a costa del
resto. Asimismo, si sumamos a este sistema
de representación corporativa las otras dos
instituciones que nos ha legado la tradición
política española, esto es, el Mandato
imperativo por el que el elector faculta su
representante para que le represente en
cuestiones concretas y el Juicio de
residencia por el que el representante se
somete a la revisión de sus actuaciones,
reto a que alguien me diga si hay una
fórmula mejor para garantizar, no ya la
representatividad de la sociedad, sino la
transparencia en la gestión de la cosa
pública.
Solo así la apreciada Concejalía de
Urbanismo sería la auténtica “niña bonita”
del Administración local, una concejalía que
no se limitara a planear y gestionar calles,
plazas, viviendas y equipamientos, es decir,
a crear ciudad, sino también a cuidar por
las necesidades de sus vecinos dando cabida,
por ejemplo, a lo dispuesto –ahora que todos
son constitucionalistas acérrimos- en el
artículo 47 de la Constitución Española, que
afirma que todos los españoles tenemos
derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada y que los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho.
Evidentemente no hay una fórmula mágica para
evitar la corrupción, pero si garantizamos
la inmediatez de la sociedad en la gestión
de sus propios intereses seguro que la
corrupción urbanística sería la excepción y
no la regla, ¿acaso alguien roba en su
propia casa? |
